El EDPB centra su acción coordinada de 2026 en la transparencia sobre el uso de datos

El Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) ha seleccionado la transparencia y el deber de informar como asunto de su quinta acción coordinada de supervisión. La iniciativa se ocupará de las obligaciones recogidas en los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establecen cómo debe informarse a las personas cuando se tratan sus datos. El anuncio, publicado el 14 de octubre de 2025, sitúa el trabajo de las autoridades participantes a lo largo de 2026. No introduce una obligación nueva: coordina la atención de las autoridades sobre deberes que ya forman parte del RGPD. Fuente: EDPB.

La distinción importa porque el titular de una iniciativa de supervisión puede confundirse con una reforma legal, un fallo o una campaña de sanciones. El comunicado no anuncia ninguna de esas cosas. Describe una prioridad común para las autoridades de protección de datos, que podrán trabajar voluntariamente en el tema y cuyos resultados nacionales se reunirán y analizarán después. La noticia, por tanto, es el enfoque elegido y el método de coordinación; no una conclusión sobre el estado de cumplimiento de empresas o administraciones. A fecha de este artículo, el anuncio no ofrece resultados de las revisiones.

En el contexto del RGPD, informar no consiste únicamente en publicar una política extensa en una web. El EDPB vincula esta acción con las obligaciones de información contempladas en los artículos 12, 13 y 14. El primero aborda la forma en que se facilita la información y se comunica con las personas; los otros se refieren a la información que debe proporcionarse cuando los datos se obtienen de la propia persona o de otra fuente. La selección del tema apunta, así, a examinar cómo las organizaciones explican el tratamiento de datos, no solo si existe un documento titulado “privacidad”. Fuente: EDPB.

La comunicación de la autoridad presenta el derecho a ser informado como un elemento central de la transparencia y como una condición para que las personas puedan tener mayor control sobre sus datos. De ahí que el asunto tenga consecuencias prácticas: una explicación que no permita entender qué ocurre con los datos puede dificultar que alguien valore sus opciones o ejerza sus derechos. Esto es una lectura del objetivo declarado, no un resultado de inspecciones ya publicadas. El anuncio no identifica sectores, empresas ni prácticas concretas como infractores, de modo que atribuirle hallazgos particulares iría más allá de la evidencia disponible.

El EDPB explica que, en una acción coordinada, el comité fija un asunto prioritario para que las autoridades nacionales trabajen sobre él en sus respectivos ámbitos. La participación es voluntaria. Más adelante, los resultados nacionales se agregan y analizan para obtener una visión más amplia y orientar posibles seguimientos a escala nacional o europea. El anuncio señala que la nueva acción se pondrá en marcha a lo largo de 2026, pero no especifica una fecha única de inicio ni un calendario común de inspecciones. Fuente: EDPB.

Ese diseño combina coordinación temática con ejecución distribuida. No equivale a una investigación única dirigida desde Bruselas ni significa que todas las autoridades examinen idénticos casos con el mismo calendario. También conviene separar tres etapas: la elección de un tema, el trabajo que cada autoridad decida realizar y la publicación posterior de conclusiones agregadas. El texto disponible respalda la primera y describe las otras como pasos previstos, pero no aporta todavía resultados del ciclo. Por eso, cualquier cifra sobre organizaciones revisadas o infracciones detectadas necesitaría una fuente posterior específica.

Para una organización que trata datos personales, la iniciativa sirve como señal de atención supervisora sobre la manera de informar. No demuestra que haya comenzado una inspección en su caso ni sustituye una evaluación jurídica individual. Como orientación general, resulta razonable revisar si las explicaciones sobre el tratamiento son comprensibles y si la información exigida se ofrece en el momento y contexto pertinentes; esta es una recomendación práctica derivada del tema anunciado, no una lista de medidas prescrita por el comunicado. La obligación aplicable sigue dependiendo del RGPD y de las circunstancias del tratamiento.

Para los usuarios, el efecto inmediato no es una función nueva ni un mecanismo adicional de reclamación anunciado por el EDPB. La relevancia está en que las autoridades han decidido prestar atención conjunta a si las personas reciben información sobre el uso de sus datos. Si alguien quiere entender cómo una empresa concreta trata los suyos, esta noticia por sí sola no responde a esa pregunta: deberá consultar la información de esa organización y, si corresponde, acudir a la autoridad competente. La selección de un tema de supervisión no acredita por sí misma que una entidad cumpla o incumpla la normativa.

El comunicado fechado en octubre de 2025 es una fuente primaria para conocer la decisión del EDPB y el esquema anunciado. No es un informe de resultados de la acción de 2026. La página indica que los resultados de las acciones nacionales se agregan y analizan para generar conocimiento y permitir seguimientos, pero no establece que cada acción vaya a producir sanciones ni anticipa qué conclusiones se alcanzarán. Hasta que haya publicaciones posteriores, no es posible sostener con este material cuántas autoridades participarán, qué organizaciones examinarán o qué deficiencias encontrarán. Fuente: EDPB.

La lectura más ajustada es, por tanto, concreta pero limitada: Europa ha elegido la transparencia y la información a las personas como prioridad de una acción coordinada prevista para 2026. Es una señal relevante para quienes diseñan procesos de tratamiento y explicaciones de privacidad, pero no una modificación normativa ni un balance de cumplimiento. La próxima información útil será la que documente la ejecución y, más adelante, los resultados. Hasta entonces, separar lo anunciado de lo comprobado evita convertir una prioridad supervisora en una conclusión que la fuente no respalda.