DMA: hitos y cambios para las plataformas y sus clientes hasta 2026

El Reglamento de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés; también denominado RMD en español) fija obligaciones para determinadas empresas que operan servicios básicos de plataforma y han sido designadas guardianes de acceso por la Comisión Europea. Su objetivo es que esos mercados sean más disputables y equitativos. No se aplica de forma indiscriminada a todas las compañías tecnológicas ni convierte automáticamente a una empresa grande en guardiana: la designación corresponde a servicios concretos y sigue los criterios del reglamento.

La primera decisión práctica para una empresa que usa una plataforma es comprobar qué servicio está designado, no limitarse a mirar el nombre del proveedor. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft fueron las seis primeras compañías designadas en septiembre de 2023; sus obligaciones alcanzaron los servicios especificados en las decisiones de la Comisión. Las designaciones y el perímetro pueden evolucionar, así que una relación comercial con una de esas empresas no implica que cada uno de sus productos quede sujeto a la DMA.

La norma tampoco reemplaza al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En materia de datos, ambos marcos pueden incidir en una misma actividad: la DMA impone obligaciones específicas a los guardianes y el RGPD sigue regulando el tratamiento de datos personales. Para responsables de cumplimiento, la consecuencia es coordinar el análisis de competencia y privacidad en vez de tratar el consentimiento o el acceso a datos como asuntos aislados.

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la DMA en 2022. El reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de octubre de ese año y entró en vigor el 1 de noviembre. Esa fecha no fue el comienzo inmediato de todas las obligaciones para cada empresa: el calendario incluyó etapas de aplicación y un proceso específico para identificar a los guardianes de acceso y sus servicios.

En septiembre de 2023, la Comisión designó a seis empresas: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft. La designación puso en marcha un plazo de seis meses para que los servicios concernidos se ajustaran a las obligaciones aplicables. La fecha regulatoria relevante para muchos cambios fue el 6 de marzo de 2024, no el día de entrada en vigor general del reglamento.

La distinción entre empresa y servicio importa en la gestión cotidiana. Una compañía puede prestar varios servicios, pero el alcance depende de cuáles se incluyeron en las decisiones de designación y de las obligaciones correspondientes. Conviene que los contratos, flujos de datos e integraciones identifiquen la plataforma y el servicio involucrado; una matriz por proveedor sin ese nivel de detalle puede ocultar obligaciones distintas.

Desde el 6 de marzo de 2024, los guardianes designados debían cumplir las obligaciones pertinentes y presentar informes que describieran sus medidas. La DMA abarca conductas como favorecer servicios propios, limitar ciertas comunicaciones comerciales con usuarios o combinar datos personales entre servicios sin el consentimiento requerido. Cada obligación tiene sus propias condiciones y alcance.

Google anunció el 5 de marzo de 2024 cambios que preparaba para el cumplimiento en el Espacio Económico Europeo. Entre ellos describió pantallas de elección para determinados ajustes, opciones para decidir sobre la vinculación de algunos servicios y ajustes en resultados de búsqueda. También señaló cambios para desarrolladores, incluidos programas de facturación y enlaces a ofertas externas en Google Play. Son medidas comunicadas por Google, no una evaluación independiente de que cada una satisfaga definitivamente todos los requisitos regulatorios.

Para negocios que dependen de búsqueda, publicidad, tiendas de aplicaciones o analítica, los cambios pueden alterar la forma de captar clientes y medir resultados. Google advirtió que los ajustes de búsqueda podrían modificar el tráfico que reciben ciertos intermediarios y proveedores directos. La implicación operativa es revisar tanto la atribución como los canales de adquisición, sin asumir que las posiciones o los recorridos de usuarios previos a marzo de 2024 permanecerán iguales.

Las empresas que venden a través de plataformas deberían revisar, como mínimo, si pueden comunicarse con sus clientes fuera del servicio, qué datos reciben para medir campañas, qué opciones de pago o distribución están habilitadas y qué condiciones rigen cada integración. El análisis no debe limitarse a la política general del proveedor: la configuración efectiva del servicio y del mercado europeo determina qué opciones están disponibles para cada caso.

La DMA no convierte todo tratamiento de datos en una cuestión resuelta por una sola casilla de consentimiento. El artículo 5(2) limita el uso de datos personales entre servicios de un guardián de acceso, entre otras situaciones, cuando no se ha ofrecido la elección requerida y obtenido el consentimiento correspondiente. El RGPD sigue siendo aplicable, por lo que una opción presentada al usuario debe evaluarse también con arreglo a las reglas de protección de datos.

En abril de 2025, la Comisión adoptó una decisión sobre Meta y el artículo 5(2) de la DMA, relacionada con su modelo de anuncios y la elección ofrecida a usuarios. Meta recurrió esa decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea; el recurso se publicó en el Diario Oficial en octubre de 2025. La presentación de un recurso no equivale a una sentencia ni anula por sí sola la decisión impugnada. Por eso es importante distinguir entre decisiones administrativas, recursos pendientes y resoluciones judiciales firmes.

Un hito judicial anterior que suele confundirse con este litigio es el asunto Meta Platforms y otros, resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de julio de 2023. Ese caso trató, entre otros aspectos, de la aplicación del RGPD a Facebook y de la base jurídica para ciertos tratamientos; no fue una sentencia de 2025 sobre la DMA ni una exención general de Meta frente al reglamento. La fecha y el marco jurídico del fallo cambian su significado para equipos legales y comerciales.

En abril de 2025, un análisis de CeCo sobre el segundo año de informes observó diferencias entre las estrategias de cumplimiento de las empresas y describió procedimientos iniciados por la Comisión. Ese análisis es una interpretación independiente, no un balance oficial de la Comisión ni una decisión que declare conformes todas las medidas empresariales. Para una compañía usuaria de estas plataformas, resulta más útil separar los cambios efectivamente desplegados de las valoraciones sobre la eficacia de la supervisión.

El calendario de la DMA contempla una revisión de la Comisión y la presentación de un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo antes del 3 de mayo de 2026. Una fecha de revisión prevista no demuestra por sí sola que el informe se haya publicado, ni acredita la adopción de nuevas directrices de interoperabilidad. Tampoco debe tratarse la fecha de 2026 como prueba de que exista una sentencia sobre Meta Marketplace: la fuente que describe esa anulación parcial está fechada en junio de 2026 y se refiere a otro asunto y a otro servicio.

A junio de 2026, Tirant informó que el Tribunal General anuló parcialmente la designación de Meta Marketplace como guardián de acceso, pero mantuvo la de Messenger. Según esa cobertura, la anulación se relacionó con la evaluación de cambios introducidos en Marketplace y con la motivación de la decisión de la Comisión. El resultado afecta a la designación de ese servicio concreto, no elimina la condición de Meta como empresa designada ni equivale a una exención de todas sus obligaciones bajo la DMA.

La DMA puede traducirse en cambios de distribución, medición, pagos y acceso a datos para empresas que venden, anuncian o desarrollan servicios sobre plataformas designadas. No todas las empresas usuarias tienen obligaciones directas de guardián de acceso; aun así, pueden verse afectadas por modificaciones en las reglas de la plataforma. La prioridad es identificar dependencias concretas y planificar alternativas cuando un canal influye de forma importante en ventas o adquisición.

Una revisión interna útil puede organizarse en cuatro comprobaciones:

• Identificar el servicio concreto y verificar si figura en una decisión de designación vigente.
• Registrar qué datos, métricas y herramientas de medición proporciona el proveedor y bajo qué condiciones.
• Comprobar opciones de facturación, distribución, comunicación con clientes y enlaces a ofertas externas.
• Actualizar previsiones y procesos de adquisición si una modificación puede cambiar el tráfico, la conversión o la atribución.

El seguimiento regulatorio también requiere separar tres estados: una obligación ya aplicable, una medida empresarial anunciada y una controversia aún en curso. No son equivalentes. Para responsables de cumplimiento, la decisión práctica es documentar qué cambio afecta a su operación, quién lo comunica y desde cuándo rige; para equipos comerciales, es mantener más de una vía de captación y conservar mediciones comparables cuando cambien las reglas de una plataforma. La DMA no garantiza por sí sola que una alternativa sea más barata o que el tráfico se redistribuya de una forma determinada.