España abre consulta pública sobre bonos de conectividad y la nueva Ley de Redes Digitales

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha activado dos procesos de participación ciudadana que marcan la agenda digital española de los próximos meses. Por un lado, se ha publicado la consulta previa sobre las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva para la contratación de servicios de banda ancha fija, conocidos como bonos de conectividad. Por otro, se ha abierto la consulta sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre redes digitales, que modificará la actual normativa europea de telecomunicaciones.

Estas iniciativas no son aisladas, sino que se enmarcan en la Agenda España Digital 2025, cuyo objetivo es garantizar una conectividad adecuada para el 100% de la población y liderar el despliegue de la tecnología 5G en Europa. La simultaneidad de ambas consultas refleja la intención del Gobierno de alinear la política nacional de ayudas con la futura arquitectura regulatoria europea, asegurando que las inversiones públicas en infraestructura digital cumplan con los nuevos estándares de gobernanza y neutralidad de la red.

La consulta pública sobre los bonos de conectividad, publicada el 7 de octubre de 2026, busca recabar la opinión de operadores, ciudadanos y otros interesados sobre las características principales del proyecto de bases reguladoras. El plazo para presentar aportaciones se extiende hasta las 24:00 horas del 7 de noviembre de 2026. Este mecanismo de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, está diseñado para facilitar el acceso a servicios de banda ancha fija, especialmente en zonas donde la cobertura es insuficiente o los precios son elevados.

El objetivo es reducir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, una meta central de la Agenda España Digital 2025. Según el documento, las aportaciones deben enviarse a la dirección de correo electrónico consultapublica.normasteleco@digital.gob.es, y solo se considerarán aquellas en las que el remitente esté identificado y su aportación verse sobre la necesidad, oportunidad o contenido del texto normativo. Las respuestas se considerarán susceptibles de difusión pública, salvo que se señale específicamente la confidencialidad de la información.

La segunda consulta pública se centra en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre redes digitales, que modificará el Reglamento (UE) 2015/2120, la Directiva 2002/58/CE y la Decisión n.676/2002/CE, y derogará el Reglamento (UE) 2018/1971, la Directiva (UE) 2018/1972 y la Decisión n. 243/2012/UE. Esta nueva normativa, conocida como Ley de Redes Digitales, busca actualizar el marco regulatorio europeo de telecomunicaciones para adaptarlo a los desafíos de la era digital, incluyendo la gobernanza de Internet, la protección de los derechos fundamentales en línea y la promoción de una Internet resiliente, segura y sólida.

La Comisión Europea ha definido su visión a través del concepto COMPACT, que concibe Internet como un espacio de responsabilidades cívicas, un recurso no fragmentado gobernado por un enfoque de múltiples partes interesadas para promover la democracia y los derechos humanos. La consulta pública española, abierta el 20 de mayo de 2026, permite a los ciudadanos, organizaciones y asociaciones presentar comentarios sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la norma, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Ambas consultas se inscriben en el marco de la Agenda España Digital 2025, que articula un conjunto de medidas, reformas e inversiones en diez ejes estratégicos alineados con las políticas digitales de la Comisión Europea. Entre sus metas clave se encuentran garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, con cobertura de 100 Mbps, y liderar en Europa el despliegue de la tecnología 5G, con el 100% del espectro radioeléctrico preparado para esta tecnología. Además, se busca reforzar las competencias digitales de los trabajadores y la ciudadanía, con una meta de 80% de personas con competencias digitales básicas.

La Agenda también prioriza la ciberseguridad y la digitalización de las Administraciones Públicas, con una meta de 50% de los servicios públicos disponibles en app móvil. Estas iniciativas están financiadas en parte por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea - NextGenerationEU, como respuesta común a escala europea para afrontar la crisis y acelerar la transición digital. La coherencia entre las ayudas nacionales y la futura regulación europea es esencial para maximizar el impacto de estas inversiones y evitar duplicidades o conflictos normativos.

Para participar en la consulta sobre los bonos de conectividad, los interesados deben enviar sus aportaciones antes del 7 de noviembre de 2026 a la dirección de correo electrónico indicada. Es crucial que las aportaciones estén identificadas y se centren en el contenido del proyecto normativo. En cuanto a la consulta sobre la Ley de Redes Digitales, el proceso sigue las instrucciones establecidas por la Orden PRE/1590/2016, que habilita la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales.

Los resultados de estas consultas influirán en la redacción final de las bases reguladoras de las ayudas y en la posición de España ante la futura normativa europea. Se espera que el Ministerio publique un resumen de las aportaciones recibidas y explique cómo se han tenido en cuenta en la elaboración de las normas definitivas. Para los operadores de telecomunicaciones, estas consultas representan una oportunidad para influir en el diseño de las ayudas y la regulación, asegurando que sean viables y eficaces. Para los ciudadanos, es una oportunidad para defender sus intereses en el acceso a una conectividad de calidad y una Internet abierta y segura.