El prefijo 400 para llamadas comerciales ya es obligatorio en España

A partir del 17 de octubre de 2026, las empresas en España están obligadas a realizar sus llamadas comerciales exclusivamente desde números de nueve dígitos que comiencen por el prefijo 400. Esta medida, que da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), busca que los usuarios puedan identificar de un vistazo el carácter comercial de una llamada entrante, reduciendo la confusión con llamadas de atención al cliente o personales.

La resolución ministerial establece que los números 400 serán unidireccionales: los usuarios solo podrán recibir llamadas desde estos números, pero no podrán emitir llamadas hacia ellos. Esta restricción técnica elimina el riesgo de que un usuario devuelva una llamada a un número desconocido y incurra en cargos no deseados o se exponga a prácticas fraudulentas.

Los operadores de telefonía tienen la obligación de bloquear las llamadas comerciales que se realicen desde numeraciones distintas al rango 400. Para identificar este tráfico, los operadores utilizarán patrones de tráfico telefónico, como un volumen muy elevado de llamadas desde un mismo número, que permitan concluir que se trata de actividad comercial.

Esta medida se enmarca en el Plan antiestafas telefónicas puesto en marcha en marzo de 2025. Según los datos oficiales, este plan ha permitido bloquear más de 400 millones de llamadas fraudulentas y cerca de 32 millones de SMS con intenciones fraudulentas desde su inicio. La entrada en vigor del prefijo 400 representa la última y más estricta fase de este plan de protección al consumidor.

La principal ventaja para el ciudadano es la identificación inmediata del origen de la llamada. Al ver un número que comienza por 400, el usuario sabe que se trata de una llamada comercial y puede decidir si desea atenderla o no, sin el riesgo de que sea una llamada de atención al cliente de su propio operador o una llamada personal.

Además, la unidireccionalidad de estos números refuerza la seguridad al evitar que el usuario pueda devolver la llamada a un número que podría estar siendo utilizado para estafas. Si un usuario recibe una llamada comercial desde una numeración distinta al 400, puede reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o denunciarlo ante la CNMC.

La medida se aprobó mediante una resolución publicada en abril de 2026, que establecía un plazo de seis meses para que los operadores implementaran los cambios técnicos necesarios. Este plazo se agotó en octubre, momento en el que la norma entró en vigor de forma obligatoria.

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre de 2025, fue el marco legal que exigió la creación de una numeración específica para las llamadas comerciales. La resolución de abril de 2026 detalló la implementación técnica, asignando el rango 400 y estableciendo los mecanismos de bloqueo por parte de los operadores.

Las empresas que realizan llamadas comerciales deben actualizar sus sistemas de telefonía para utilizar exclusivamente números del rango 400. Esto implica solicitar estos números a sus operadores de telecomunicaciones y configurar sus plataformas de llamadas para que el tráfico saliente se realice desde la nueva numeración.

Es importante que las empresas comuniquen este cambio a sus clientes y a sus equipos de ventas, para evitar confusiones. Las llamadas que no cumplan con la nueva normativa serán bloqueadas por los operadores, lo que podría afectar a la capacidad de las empresas para contactar con sus clientes potenciales.

Además del prefijo 400, la CNMC ha aprobado recientemente la reforma del servicio universal de telecomunicaciones, que eleva la velocidad mínima de acceso a internet de 10 a 100 Mbps en sentido descendente. Esta reforma busca garantizar un acceso más equitativo a internet de alta calidad en todo el territorio nacional.

También está en curso la tramitación del proyecto de real decreto que regula el ecosistema de cartera europea de identidad digital en España. Este proyecto, sometido a audiencia pública en octubre de 2026, busca alinear la normativa española con el marco europeo de identidad digital, facilitando la autenticación electrónica de los ciudadanos.